Iniciación a la relación jurídica de protección

En la actualidad no se discute que sea función del Estado, entre otras, la de procurar protección ante las situaciones de necesidad que puedan padecer sus ciudadanos. “España se constituye en un Estado Social y Democrático de Derecho”, proclama el artículo 1 de la Constitución, y, en cuanto tal Estado “social”, no puede abandonar a la iniciativa privada el mantenimiento de las personas que no pueden sustentarse con su propio trabajo.
Sobre esas bases se va construyendo un entramado de “seguros sociales”, que sólo se convierte en un auténtico sistema de Seguridad Social cuando se llega al convencimiento generalizado de que esa solidaridad en el ámbito laboral sólo puede ser verdaderamente eficaz si se encauza y organiza a través de un sistema en el que el propio Estado, a través de la Ley, concrete las situaciones dignas de protección y la aportación que para dicha protección deban hacer los trabajadores en activo. Resulta además preciso que el propio Estado vigile, a través de organismos públicos, el reconocimiento de esos derechos y el cumplimiento de esas obligaciones.
No existe propiamente un sistema de Seguridad Social si no parte de esa dimensión pública: los derechos y obligaciones que origina el sistema son “públicos”, en cuanto provienen de la Ley y no del acuerdo entre particulares, y la gestión del sistema es también “pública”, en cuanto se encomienda a organismos dependientes del propio Estado.